STV RIOJA . SERVICIO PÚBLICO LA HORA DE CHEMA TELE VIVA VERANO LOCO -martes 28 de Julio 2026 NOTICIAS-REPORTAJES
28-7-26 La improvisación de María Martín y Gonzalo Capellán sitúa a la sanidad pública riojana en una deriva preocupante Stv Rioja
• La justicia paraliza un proceso de selección de personal
convocado por el SERIS porque podría vulnerar legislación básica
del Estado
• La Abogacía del Estado decidió recurrir esta convocatoria y el
juez ha decretado su suspensión en un Auto dictado el pasado 22
de julio
Logroño, 28 de julio de 2026.- El diputado regional Miguel González de Legarra
ha explicado que el pasado 22 de julio, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño “dictó un Auto por el que suspendía la convocatoria
del proceso de selección que había convocado el SERIS para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo de médicos”. Todo, “tras la interposición de
un recurso por parte de la Abogacía del Estado”.
González de Legarra ha dicho que “estamos ante una resolución judicial que
trasciende el ámbito de un procedimiento administrativo y que pone seriamente
en cuestión la forma en la que el Gobierno de La Rioja está intentando gestionar
la falta de médicos”. Cuando un juez decide suspender cautelarmente una
actuación de una Administración Pública “no lo hace por un mero defecto formal,
ni por una cuestión menor, lo está haciendo porque aprecia indicios
suficientemente sólidos de que esa actuación puede ser contraria a Derecho”.
El diputado socialista ha asegurado que el juez “ha suspendido la convocatoria
aprobada por el Servicio Riojano de Salud para incorporar personal fijo en una
nueva categoría denominada ‘Técnico Titulado Superior Rama Sanitaria
(Médico)’, correspondiente a la OPE de 2025”. Y la ha suspendido “porque
entiende que existen razones suficientes para pensar que esa convocatoria puede
vulnerar la legislación básica del Estado”.
El origen de este problema es que el Gobierno de La Rioja “no convocó en esta
OPE plazas de Médicos de Familia, ni plazas de facultativos especialistas”. Lo que
hizo fue “crear una categoría que, jurídicamente, pertenece al ámbito del
personal de gestión y servicios”. Hasta aquí el asunto “puede parecer solamente
una cuestión técnica, pero deja de serlo cuando uno lee en la convocatoria cuáles
eran las funciones que esas personas iban a desempeñar”.
Porque las funciones que se les iban a exigir a estos nuevos contratados “no
consistían en realizar tareas administrativas, sino que consistían en hacer cribado
de pacientes, prestar asistencia telefónica, apoyar la atención continuada,
gestionar bajas médicas, recetas y colaborar directamente con los centros de
salud”. Es decir, “se les iban a asignar funciones claramente asistenciales”.
Miguel González de Legarra ha asegurado que la abogacía del Estado “sostiene
que esas funciones asistenciales sólo pueden ser desempeñadas, como es lógico,
por médicos especialistas conforme a la legislación vigente”. Lo que el Gobierno
de Gonzalo Capellán pretendía hacer es “utilizar una categoría distinta de la
prevista por la legislación para cubrir unas funciones que la ley reserva en
exclusiva a otra categoría profesional”. En definitiva, el Ejecutivo “ha querido
resolver un problema sanitario mediante un artificio administrativo”.
El diputado socialista ha afirmado que “esto es extraordinariamente grave,
porque cuando un Gobierno empieza a buscar atajos para evitar afrontar un
problema estructural, deja de gestionar y empieza a improvisar”. Y cuando esa
improvisación acaba encima de la mesa de un juez “nos encontramos con un
serio problema de gestión”.
González de Legarra ha señalado que “lo verdaderamente preocupante es que
esta resolución retrata una forma de gobernar del Ejecutivo regional”. La Rioja
tiene un Gobierno “incapaz de atraer profesionales, e intenta cambiar el nombre
de las plazas para hacer creer que lo ha resuelto”. Los riojanos “llevamos
demasiado tiempo soportando listas de espera interminables, consultorios con
dificultades para cubrir plazas, Centros de salud saturados, problemas
permanentes en Atención Primaria y el desmantelamiento del hospital de
Calahorra”. Y ahora “descubrimos que, además de todo eso, el Gobierno pretende
resolver la falta de médicos mediante fórmulas cuya legalidad acaba teniendo
que decidir un juez”.
Esto puede explicar por qué para ampliar la cobertura asistencial en el Centro de
Salud de Ezcaray durante el verano, “se ha decidido contratar a dos celadores”.
En definitiva, el diputado socialista ha denunciado que “tenemos un Gobierno que
ha perdido el rumbo, una consejería que sustituye la planificación por la
improvisación y un presidente que permanece impasible mientras la sanidad
pública entra en una deriva cada vez más preocupante”.