STV RIOJA . SERVICIO PÚBLICO LA HORA DE CHEMA TELE VIVA- JUEVES 16 ABRIL 2026 NOTICIAS -REPORTAJES
16-4-26 Cáritas La Rioja considera la regularización extraordinaria un paso de justicia social y reclama medios suficientes para facilitar el proceso en toda la región Stv Rioja
• La entidad advierte de que concentrar la atención presencial en tres oficinas de Logroño puede
convertirse en una barrera para muchas personas migrantes de otras zonas de La Rioja en un
procedimiento con apenas dos meses y medio de plazo ordinario
• Cáritas La Rioja ya trabaja en el despliegue de puntos de información y asesoramiento por toda
la comunidad autónoma, con un técnico dedicado en exclusiva a coordinar este proceso y con
un equipo de voluntariado en formación para reforzar el acompañamiento
• “Esta medida va a suponer un avance en reconocimiento de derechos para muchas personas y
puede ayudarles a salir de una situación de vulnerabilidad cronificada”, señala Marcos Montoya,
responsable del Programa de Personas Sin Hogar, Temporeros y Migrantes de Cáritas La Rioja
Cáritas La Rioja considera que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno supone un
paso de justicia social y de reconocimiento de derechos para muchas personas migrantes que llevan
tiempo viviendo en nuestra comunidad. Marcos Montoya, responsable del Programa de Personas sin
Hogar, Temporeros y Migrantes de Cáritas La Rioja, subraya que “esta regularización extraordinaria
es un éxito colectivo, una buena noticia y un avance real para muchas personas que llevan años
sosteniendo su vida aquí, pero a las que se les ha negado durante demasiado tiempo un acceso efectivo
a derechos básicos”. A su juicio, la medida “les ayudará a salir de la vulnerabilidad, precisamente porque
abre la puerta al empleo formal, a una mayor estabilidad y a un reconocimiento administrativo que
condiciona muchos otros ámbitos de la vida”.
No obstante, la entidad muestra su preocupación por el despliegue territorial previsto para gestionar
los trámites y por los tiempos de respuesta. En primer lugar, considera insuficiente que la atención
presencial se limite a tres oficinas de Logroño, sin puntos habilitados en otras cabeceras de comarca.
“No podemos permitir que una medida de esta importancia dependa del código postal o de la capacidad
de cada persona para desplazarse, conseguir una cita o manejar una tramitación compleja”, advierte
Montoya.
En este sentido, Cáritas La Rioja pone el foco de manera especial en la situación de La Rioja Baja. La
entidad estima que en esa zona podrían beneficiarse de esta medida alrededor de 2.000 personas que,
en las condiciones actuales, tendrían que desplazarse hasta Logroño si necesitan atención presencial.
“Nos preocupa especialmente que no haya puntos activados en otras zonas de la comunidad. Para
muchas personas en situación administrativa irregular, el desplazamiento no es una cuestión menor,
sino una barrera añadida”, expone el responsable del programa.
La segunda inquietud tiene que ver con los plazos. Aunque la norma establece un máximo de tres
meses para resolver las solicitudes, Cáritas teme que, si no se refuerzan los medios disponibles, la
respuesta administrativa pueda demorarse más en la práctica. “Aun así, celebramos que durante este
periodo se les vaya a facilitar una autorización provisional para que puedan trabajar y acceder a otros
derechos que hasta ahora no tenían reconocidos”, añade Montoya.
Junto a ello, Cáritas La Rioja valora que la norma aprobada esta semana contemple una vía específica
para personas solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su solicitud antes del 1 de
enero de 2026 y prevea también un régimen transitorio para determinados expedientes ya en tramitación. A juicio de la entidad, este enfoque puede facilitar la regularización de situaciones que
llevaban tiempo bloqueadas y ofrecer respuesta a realidades diversas marcadas por la incertidumbre.
Acompañamiento desde Cáritas La Rioja
En este contexto, Cáritas La Rioja ya está reforzando su capacidad de acompañamiento. La entidad va
a habilitar distintos puntos de información y asesoramiento repartidos por la Comunidad para orientar
a las personas que puedan acogerse a esta medida. Además, ha destinado un técnico de referencia a la
coordinación de todo el proceso y trabaja en la formación de un equipo de voluntariado que permita
ampliar la atención en las próximas semanas. “Nuestro objetivo es claro: que nadie con posibilidad de
regularizar su situación se quede fuera por falta de información, apoyo o recursos”, afirma el
responsable del Programa de Personas sin Hogar, Temporeros y Migrantes.
Asimismo, Cáritas La Rioja anima a las personas que puedan verse beneficiadas por esta medida a
informarse a través de canales oficiales y de entidades sociales de confianza. La entidad recuerda que,
ante un proceso excepcional y complejo, es especialmente importante contar con información
contrastada y acompañamiento adecuado para evitar confusiones y que ninguna persona quede fuera
por desconocimiento, desinformación o bulos.
Una línea prioritaria
El acompañamiento a las personas en situación administrativa irregular es una de las líneas estratégicas
aprobadas en la última asamblea de Cáritas La Rioja. Según el IX Informe FOESSA de La Rioja, las
personas migrantes figuran entre los colectivos que concentran mayor riesgo de exclusión en la
comunidad, junto con la infancia y las mujeres.
Desde esa realidad, Cáritas insiste en que la migración no puede abordarse desde el prejuicio. “Se
están generando importantes prejuicios hacia las personas y familias migrantes. Sin embargo, debemos
entender que la migración no es un problema, sino una realidad y una necesidad para nuestra sociedad.
Necesitamos a estas personas para que el país siga funcionando; de lo contrario, ya habríamos
colapsado. Son una riqueza que nos plantea el reto de la acogida y la integración”.
Por ello, la entidad celebra una regularización que contribuirá a mitigar la exclusión que sufren muchas
personas en la región. “La situación administrativa irregular les impedía acceder a un contrato de
trabajo y les cerraba la puerta a derechos y oportunidades básicas. Cuando estas personas trabajaban,
muchas veces lo hacían en la economía sumergida, con el consiguiente riesgo de explotación y de
inestabilidad permanente”, concluye Marcos Montoya.