STV RIOJA . SERVICIO PÚBLICO LA HORA DE CHEMA TELE VIVA- FELIZ FIESTA 9-10-11 enero 2026 NOTICIAS -REPORTAJES
9-1-26 Financiación autonómica Hacienda propone un nuevo modelo de financiación que asigna 25 millones de euros más al año a La Rioja Stv Rioja
▪ El Gobierno traslada a las comunidades un modelo que
eleva los recursos del sistema autonómico para blindar el
Estado de Bienestar
▪ La Rioja es una de las comunidades más beneficiadas por
los criterios de población ajustada
▪ La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que la
propuesta del Ejecutivo incrementa la solidaridad
interterritorial, eleva la autonomía y la corresponsabilidad
fiscal y reduce las diferencias en financiación por habitante
▪ La cesión del IRPF aumenta del 50% al 55% y, la del IVA,
pasa del 50% al 56,5%
▪ Se establece un mecanismo transparente de solidaridad
interterritorial que garantizará una mayor equidad y
beneficiará a las comunidades con menor capacidad
tributaria
▪ La Administración central aportará más recursos al
sistema, demostrando nuevamente su compromiso con
todas las comunidades
▪ Los gobiernos autonómicos podrán voluntariamente recibir
una parte del IVA que generen las pymes en su territorio, lo
que supone un incentivo al desarrollo empresarial
▪ El modelo incluirá un fondo de 1.000 millones para hacer
frente a los desafíos del cambio climático
▪ Hacienda ha trasladado la propuesta a las comunidades
autónomas, que evaluarán el nuevo modelo en un Consejo
de Política Fiscal y Financiera
▪ La cartera liderada por María Jesús Montero se compromete
a reformular el sistema de entregas a cuenta para ganar en
agilidad y propone un sistema de caja compartida en el
IRPF y otros tributos
▪ El modelo incorpora una cláusula de statu quo que
garantiza que no habrá ninguna comunidad que pierda
recursos
9 de enero de 2026.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy la propuesta de nuevo
modelo de financiación, que recoge los criterios de reparto de los recursos
públicos entre las comunidades autónomas. El nuevo modelo se estima
que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975
millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el
modelo vigente. Los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027
se estiman en 224.507 millones. En el último año liquidado, que
corresponde a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484
millones del sistema de financiación.
En el caso de La Rioja, el modelo propuesto supondría incrementar en 25
millones anuales los recursos que recibiría con el modelo vigente
actualmente. En ninguna de las propuestas de financiación planteadas
hasta la fecha, La Rioja lograba tal incremento de recursos.
Ello supone una mejora de recursos que refleja el compromiso del
Gobierno con el sistema autonómico y el Estado de Bienestar.
En una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, Montero
ha destacado que el modelo propuesto es beneficioso para el conjunto del
sistema autonómico porque aumenta los recursos autonómicos para
blindar el Estado de Bienestar, refuerza y amplia la solidaridad
interterritorial, incrementa la autonomía y corresponsabilidad fiscal, respeta
y recoge las singularidades territoriales, garantiza el principio de suficiencia
para que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de
calidad en todo el territorio y reduce las distancias en financiación por
habitante.
Montero ha explicado las bases de este nuevo modelo de financiación,
cumpliendo así la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
de plantear una financiación más amplia y justa para las CCAA
reconociendo a la vez las singularidades de cada territorio. Dicha
propuesta ha sido remitida al conjunto de gobiernos autonómicos para su
conocimiento, con el fin de que sea debatida y analizada el próximo
miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
extraordinario.
Montero ha destacado que la propuesta refleja “un gran trabajo del equipo
del Ministerio de Hacienda, que ha recogido y analizado infinidad de
propuestas de parlamentos autonómicos, de expertos o de centros de
estudios” para idear un modelo de financiación que responde al “interés
general” y que incorpora “unos principios rectores justos, claros y
transparentes”. Por este motivo, ha reclamado a las CCAA que acudan a
la reunión del CPFF con “espíritu constructivo”.
Bases y principios del nuevo modelo
El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de
reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el
Ejecutivo son prioritarios:
• Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que
contempla nuevas variables que dan respuesta al reto de la
despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los
grupos de población.
• Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la
corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.
• Se amplia, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a
través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo,
objetivo y transparente.
• La nivelación vertical también queda garantizada con una
aportación adicional de la Administración central que permitirá
elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas
sociales.
• La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que
las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las
pymes en sus territorios.
• El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo
para hacer frente al desafío del cambio climático
• Garantía de statu quo, por el que ninguna CCAA recibe menos
que con el anterior modelo.
• Mecanismo complementario de financiación.
La mejora de la financiación en el caso de La Rioja es porque es una de
las comunidades más beneficiadas por los criterios de población ajustada.
En concreto, su población ajustada es un 7,9% mayor que la población
real. Es decir, para el modelo de financiación, la comunidad riojana tiene
más de 25.300 habitantes más de los que aparecen en su padrón.
Nuevos criterios en la población ajustada
Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos
fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada,
donde La Rioja se ve beneficiada especialmente. Este determina el
número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables
que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.
Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las
características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las
comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en
una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de
habitantes en edad escolar.
Como ha recordado María Jesús Montero, el Gobierno abrió el pasado mes
de febrero con las comunidades un proceso de negociación para actualizar
los criterios que determinan la población ajustada. Finalmente, no fue
posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes
reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, tal y como ha
ocurrido.
Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables
que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno
es la siguiente:
- Población padrón. Una de las variables más relevantes. Supone el
30% de la ponderación de la población ajustada.
- Población protegida equivalente. Pretende representar el gasto
sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico.
Su peso es del 38%. Para su cálculo, se divide en 20 grupos de edad,
dejando atrás los siete del modelo vigente. Esto permite una mayor
fiabilidad en la delimitación de los recursos necesarios para los distintos
grupos de población. Es decir, los costes sanitarios se aproximan en
función de la edad de los beneficiarios.
- Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el
número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el
17%. Y, además, se introducen otra dos nuevos criterios, como son el
número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos
universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto
reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes
de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una
ponderación del 3,5%.
- Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que
utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la
dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65
y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es
del 7%. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza
y la exclusión social.
Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada,
el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos. Y
que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la
despoblación:
• Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad
suponen un 1,6% de la ponderación.
• Dispersión. Tiene un peso del 0,5%. Se determina en función de
las entidades singulares de población habitadas.
• Insularidad. Supone un 0,5% en el cálculo.
• Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por
numerosas CCAA. Cuenta con una ponderación del 0,4%,
beneficia especialmente a comunidades afectadas por la
despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas
comunidades para alcanzar economías de escala debido a su
escasa población.
Incremento de la capacidad tributaria
La mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proceden
de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno
contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades,
lo que se traducirá en más ingresos y autonomía.
Actualmente, la capacidad tributaria de las comunidades se determina por
la recaudación normativa de los siguientes impuestos:
• El 50% del IRPF y el IVA.
• El 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la
cerveza e Hidrocarburos.
• El 100% de Impuestos como Sucesiones, Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Especial sobre

Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y el
Impuesto sobre la Electricidad.
Este nuevo modelo de financiación plantea un incremento de esa
capacidad tributaria, facilitando así que dispongan de más ingresos y una
mayor autonomía fiscal. En concreto, los recursos aumentarán en casi
16.000 millones en 2027.
La modificación más significativa es el incremento de la cesión por IRPF e
IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%.
Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los
impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre
actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.
Nivelación horizontal
Como ha señalado Montero, el modelo refuerza y amplía la solidaridad
interterritorial. Esto se traduce en garantizar que todas las comunidades
alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado
determinada a partir de su capacidad tributaria.
De esta manera, las comunidades con financiación por habitante ajustado
por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están
por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto
sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro,
reducir las distancias en financiación por habitante.
Nivelación vertical
Este parámetro es el que visibiliza de manera más evidente el compromiso
del Gobierno y el Estado con las comunidades autónomas y el Estado de
Bienestar. Con una aportación de 19.000 millones, el objetivo inicial es
reducir en 2/3 la distancia de cada CCAA respecto a la que tiene más
recursos, que es la Comunidad de Madrid. Este cálculo permitirá que
aquellas comunidades más alejadas reciban más recursos frente a las que
gozan de una mejor posición.
Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical
procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia
adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las comunidades
respecto a la que tiene mayores recursos.
Resto de elementos
Todos los parámetros anteriores suponen el 99% de los recursos
autonómicos, que han quedado asignados tras determinar la capacidad
tributaria y establecer los mecanismos de nivelación horizontal y vertical.
El modelo contempla otros elementos, pero con menor importancia
económica.
• Mecanismo IVA Pymes. Para avanzar en una mayor autonomía
y corresponsabilidad fiscal, a la vez que se incentiva el desarrollo
económico, las CCAA podrán recibir una parte de la recaudación
de IVA generada por las pymes en su territorio. Con esta medida,
que deberá ser solicitada por las autonomías, se reconoce el
esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y apoyo a
las pequeñas y medianas empresas. La cantidad surge de calcular
la diferencia que existe en la comunidad entre el peso relativo del
IVA liquidado por las pymes de ese territorio y el índice de
consumo. Si el IVA de las pymes supera el índice de consumo, la
comunidad recibirá una transferencia positiva por la diferencia. En
caso contrario, el importe será negativo.
Un aspecto relevante es que los fondos de esta fase no son
competitivos, por lo que un aumento de recursos en un territorio
no implica detraerlos de otro.
• Fondo climático. Ante los desafíos de la crisis climática, se
dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos
1.000 millones. Dos tercios del mismo se repartirán entre las
autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su
exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto
sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de
comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población
ajustada.
• Garantía de statu quo. Existirá un elemento de cierre para
garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibirá menos recursos de los que
habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se
financiará con aportaciones de la Administración central, que
aportará a este fin unos 400 millones, que beneficiarán
especialmente a Cantabria y Extremadura.
El statu quo es el último elemento del modelo de financiación y
que actúa como cierre. En cualquier caso, la vicepresidenta
primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha desgranado otros
aspectos de la propuesta relacionadas con la gestión tributaria y
con la financiación de las competencias no homogéneas.
Mecanismo complementario de financiación
El modelo propuesto establece que la financiación de las competencias no
homogéneas pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esa
cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga
asignada cada comunidad autónoma.
Se trata de un mecanismo opcional. Por lo tanto, si las comunidades lo
desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las
competencias no homogéneos a través de una transferencia evolucionada
por el índice de los ingresos del Estado (ITE).
Como sucede en el caso del IVA Pymes, nuevamente se da a la opción de
elegir, lo que refuerza la autonomía de las comunidades y refleja la
flexibilidad del nuevo modelo de financiación.
Mayores responsabilidades en la gestión de impuestos
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha
señalado que la intención del Ejecutivo es reformular el funcionamiento del
modelo actual, en el que las comunidades reciben unas entregas a cuenta
en función de la previsión de la recaudación tributaria. Un modelo en el que
hasta dos años más tarde no se realiza la liquidación definitiva.
“Queremos abordar con las comunidades una negociación para que las
liquidaciones sean antes y se realicen de forma más ágil”, ha señalado en
la rueda de prensa en el Ministerio. Bajo esta premisa, Montero ha
anunciado que “las comunidades que así lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja común o compartida en el que los ingresos del IRPF y
otros impuestos llegarán de manera simultánea a la administración estatal
y autonómica”. La decisión de participar en este nuevo sistema de pagos
se manifestará por cada comunidad en la Comisión Mixta con el Estado y
podrá ser modificada cada cinco años.
En la línea de potenciar la cooperación y la coordinación entre el Estado y
las comunidades autónomas, la vicepresidenta también ha anunciado la
intención del Ejecutivo de poner en marcha un nuevo “modelo de gestión
en red del sistema impositivo”. El objetivo es que las comunidades
autónomas puedan ir asumiendo más competencias gestoras, siempre en
coordinación con el Estado.
Un modelo que reduce las diferencias entre comunidades
Montero ha destacado que este modelo mejora la equidad en la medida en
que las diferencias entre la comunidad con más y con menos recursos por
habitante ajustado pasa de 1.500 euros con el modelo actual a 477 euros
con el sistema propuesto antes de la fase de statu quo. Tras la corrección
para que ninguna comunidad reciba menos dinero que con el anterior
modelo, las diferencias se sitúan en 700 euros. Es decir, menos de la mitad
que el diferencial que arroja el modelo vigente.
La vicepresidenta primera ha insistido en la idea de que la propuesta del
Gobierno beneficia a todas las comunidades autónomas. Y ha avanzado
la voluntad del Ejecutivo de habilitar un tramo específico en el Fondo de
Compensación Interterritorial para reforzar la financiación de las CCAA y
garantizar una aportación adicional a todas las comunidades autónomas
que se sitúen por debajo de la media en la financiación por habitante.
Montero ha defendido que esta medida tiene una lógica económica
evidente. “Si una comunidad está por debajo de la media en financiación
por habitante significa que es menos dinámica económicamente y ello se
mejora a través de más recursos, pero también con mejores inversiones e
infraestructuras”, ha concluido.
Montero ha concluido que las principales fortalezas del modelo son que
incrementa los recursos para fortalecer el Estado de Bienestar, respeta las
singularidades territoriales, refuerza y garantiza la solidaridad
interterritorial, eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y hace
compatible la coexistencia de mecanismos de negociación multilateral y
bilateral