El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, ha valorado esta mañana la resolución adoptada por la Defensora del Pueblo de cerrar de forma definitiva la queja interpuesta por la Plataforma “Salvemos el Parque” una vez que “no se ha detectado irregularidad administrativa determinante de la vulneración de derechos ciudadanos”.
La Plataforma Ciudadana “Salvemos el Parque” decidió recurrir a finales de junio de 2008 a la Defensora del Pueblo, María Bueyo, una vez que el Ayuntamiento de Calahorra les comunicó que la construcción del nuevo vial en el sector Cidacos, que unirá esta futura zona residencial con la calle Mediavilla, era un proyecto necesario para el desarrollo de la ciudad que se iba a llevar adelante.
Ahora, seis meses después, ha llegado la resolución emitida por la Defensora del Pueblo sobre la queja interpuesta por la Plataforma, decidiendo el cierre definitivo de este tema una vez que señala “no se ha detectado irregularidad administrativa determinante de la vulneración de derechos ciudadanos”.
El portavoz del equipo de gobierno, que ha comparecido acompañado por el alcalde, Javier Pagola, y el edil de Medio Ambiente, Óscar Eguizábal, ha destacado que la resolución incide en que “la Defensora del Pueblo puede intervenir para valorar si se ha vulnerado algún derecho fundamental, pero no para opinar sobre cuestiones políticas”.
Martínez-Portillo añadió en este sentido que la resolución contempla que “las decisiones sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad constituyen una competencia exclusiva del alcalde y del Pleno del municipio (…) lo contrario implicaría una profunda alteración de los principios democráticos”.
Por ello, el concejal incide en que “quien tiene la potestad de decidir en materia de urbanismo es el Ayuntamiento, y no es ni la Defensora del Pueblo ni un grupo de ciudadanos los que puedan decidir lo que hay que hacer salvo que sea ilegal”.
Luis Martínez-Portillo ha asegurado que “la Defensora del Pueblo lo que va a tratar de controlar es que lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento esté dentro de la legalidad” a la vez que ha señalado que “la conexión de ese sector no va a suponer la supresión de ninguna zona verde sino que está prevista una inversión de un millón de euros para que se amplíe la zona verde”.
Una vez que la Defensora del Pueblo ha emitido su resolución, en la que se contempla el cierre definitivo de la queja interpuesta por la Plataforma Ciudadana “Salvemos el Parque”, el portavoz del equipo de gobierno incidió en que “el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir lo que está en el planeamiento”.
En este sentido, Martínez Portillo recordó que “el Ayuntamiento no va a construir nada en ese sector, sino que hay un grupo de propietarios y vecinos que tienen sus parcelas y que a través de una Junta de Compensación deciden lo que quieren hacer en ese sector. Esto no es un invento del Ayuntamiento, que se limita a conceder la base legal de planeamiento para que los ciudadanos puedan construir”.
El concejal de Urbanismo se refirió a la oposición “que se llena la boca diciendo que hacen falta zonas para construir” señalando que “ahora que tenemos una en ejecución y desarrollo, lo que quieren es dinamitarla y que no se construya, no les interesa que el PP haga cosas positivas para esta ciudad”.
Martínez Portillo justificó la creación del nuevo vial del sector Cidacos asegurando que “es totalmente necesario para que los ciudadanos puedan salir de esa zona, y a la vez la propia ciudad necesita de esa vía de conexión. Ahora vemos cómo la Defensora del Pueblo dice que la actuación del Ayuntamiento es absolutamente legal, otra cosa es la opinión sobre cómo se pueden hacer las cosas”.
El equipo de gobierno ha anunciado finalmente la próxima convocatoria de un Pleno Extraordinario durante este mes de enero para debatir las cuestiones referentes al sector Cidacos recordando Martínez-Portillo que “una vez más vamos a demostrar que se ha hecho lo que se tenía que hacer por parte del Ayuntamiento”.
El edil de Urbanismo insistió en que “nuestro objetivo es el desarrollo urbanístico de la ciudad de Calahorra frente a la paralización que pretenden tanto el PSOE como la CIC. Pese a que nos han acusado de miedo a afrontar esta cuestión, no tenemos ningún miedo de hablar de este tema y por ello se convocará este Pleno”.