El Gobierno de La Rioja ha presentado ante el Ministerio de Vivienda un documento con 16 alegaciones al texto articulado del Borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, cuyo plazo finalizaba ayer. Las alegaciones presentadas tienen como objetivo afrontar el principal problema que tienen las familias que buscan adquirir una vivienda protegida: las dificultades para obtener financiación bancaria realizando un esfuerzo económico razonable.Para ello, y en el escenario hipotecario actual, el Gobierno de La Rioja pide al Ministerio de Vivienda que tome medidas para reducir el precio de la vivienda de protección oficial, que aumente las garantías de las familias de cara a obtener financiación hipotecaria y que incremente las ayudas a las familias y a los promotores que se comprometan con la construcción de vpo.
En caso de ser aceptadas por el Ministerio de Vivienda, mejorarán las condiciones de acceso a los préstamos convenidos al 90% de los inscritos en el registro de demandantes de vpo, cuyos ingresos se encuentran por debajo de 21.000 euros.
Las principales alegaciones consisten en:
-proponer que el IVA reducido que ya se aplica a la vivienda de régimen especial se aplique también a las vpo de régimen general (la más común de las viviendas protegidas); este cambio supondría, para una vpo en Logroño, una reducción del precio final de 4.594 euros €.
-reducir el coeficiente aplicable a viviendas de régimen especial del 1,5 actual al 1,4, lo que supondría una reducción del precio de la vivienda de 12.290,97 euros, e incrementando en esa cantidad la ayuda al promotor para que siga siendo atractiva su construcción.
-que en los préstamos convenidos el tipo de interés sea siempre inferior al tipo medio de los préstamos para adquisición de vivienda libre, con el objetivo de que el préstamo protegido suponga una mejora frente al préstamo libre.
-incrementar las ayudas a la compra de vpo en el nuevo plan al menos en el porcentaje del incremento medio de la cuota en los últimos cuatro años, con el objetivo de que el nuevo plan no sea comparativamente más costoso para las familias que el anterior.
-establecer una cláusula de actualización de las ayudas para que estas sean proporcionales a la subida que experimente el esfuerzo para acceder a la vivienda.
-que la determinación exacta de las ayudas de cada expediente (tanto en compra como en alquiler) se establezca con un criterio de progresividad en función del esfuerzo económico para que perciba más ayuda quien más esfuerzo debe realizar.
-equiparar las características de las ayudas al alquiler con las de la Renta Básica de Emancipación: ingresos hasta 3,5 IPREM (actualmente 2,5 IPREM) y ayudas durante 4 años (actualmente dos), con el objetivo de que no se discrimine a las personas por debajo de 22 años y por encima de 30.
-mantenimiento de la ayuda de 6.000 euros a los propietarios que deseen alquilar su vivienda vacía, que desaparece en el borrador del nuevo plan.
introducir de forma expresa que la regulación del destino y ocupación de las viviendas, las limitaciones a la facultad de disponer, los derechos de tanteo y retracto, la duración del régimen de protección de las viviendas protegidas y la limitación del precio de las viviendas usadas, es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y que, por lo tanto, deben regirse por la normativa propia de éstas, estableciendo de manera supletoria lo establecido en el Plan Estatal para estos casos.