-Pedro Sanz recuerda que la modificación de la Directiva sobre el tabaco amenaza 2.000 puestos de trabajo en La Rioja

El presidente riojano firma, junto con los presidentes de Cantabria, Canarias y Extremadura y el consejero de Agricultura de Andalucía una declaración institucional de apoyo al sector del tabaco

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha participado hoy en la reunión de apoyo al sector del tabaco en la que han participado los presidentes del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego; el presidente de Canarias, Paulino Rivero, y el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, y el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas Puchades.

El objetivo del encuentro es frenar la modificación de la Directiva 2001/37/CE sobre los productos del tabaco que podría, entre otras cuestiones, restringir el uso de determinados ingredientes para su elaboración, prohibir la venta a través de máquinas expendedoras y restringir la comercialización y distribución del tabaco. Medidas todas ellas que suponen una amenaza para un sector que en España genera más de 56.000 puestos de trabajo y aporta 9.300 millones de euros anuales en concepto de impuestos para el Estado. Además, las distintas actividades vinculadas al tabaco producen un valor añadido de 2.700 millones de euros, lo que representa casi el 0,3% del total del valor añadido de la economía española.

Tras la reunión, los presidentes y consejeros autonómicos han firmado una declaración institucional de apoyo al sector en la que subrayan que comparten los objetivos de la Comisión para modificar la directiva, “especialmente aquellos dirigidos a proteger la salud de los ciudadanos y evitar el inicio del tabaquismo entre los más jóvenes”, pero consideran que “no ha tenido en cuenta el impacto económico que esas medidas pueden generar en términos de destrucción de empleo, menoscabo de la riqueza de las regiones afectadas”.

Todo esto, recuerdan, en una de las peores crisis económicas de los últimas décadas, “por lo que cualquier futura reglamentación de esta actividad debiera prestar especial atención a su impacto en términos de creación y destrucción de puestos de trabajo y de tejido productivo, haciendo compatible la protección de la salud pública con el mantenimiento de puestos de trabajo”.

Por todo ello, los presidentes autonómicos piden “al Gobierno de España que defienda esta actividad y que la futura Directiva sea proporcionada a los fines establecidos”. También, reclaman “la colaboración de todas las instituciones con competencias en la materia para que la futura Directiva se elabore de manera consensuada con todos los agentes económicos y sociales afectados” y que ésta “no afecten a la competitividad del sector y a su capacidad para generar y mantener puestos de trabajo”. Ellos,