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GOBIERNO DE LA RIOJA. Todos los docentes de los centros educativos riojanos serán considerados autoridad pública

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-Todos los docentes de los centros educativos riojanos serán considerados autoridad pública

-Pedro Sanz presenta el proyecto de la Ley de Autoridad Docente y de la convivencia de los centros, que incluye, entre otros aspectos, esta protección jurídica para los profesores de la Enseñanza Pública y de la concertada

Los directores, miembros del equipo directivo y profesores de los todos centros educativos de La Rioja tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán, por tanto, de la protección del ordenamiento jurídico a esta condición. Este reconocimiento se regula en la futura Ley de ‘Autoridad del Profesor y de la Convivencia en los centros educativos de La Rioja’, y cuyo proyecto ha presentado hoy el Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz.

Esta norma, que ya ha sido aprobada por el Gobierno de La Rioja para su remisión al Parlamento regional, tiene como objetivo principal reconocer y reforzar la autoridad del profesor en el ámbito escolar para fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. La finalidad última es mejorar la calidad del sistema educativo y la convivencia escolar.

La Ley será, por tanto, de aplicación en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma, así como la consideración legal de autoridad pública que se podrá otorgar al profesorado de la Enseñanza Pública y al personal docente de los concertados.

Contenido del proyecto de Ley

El proyecto de Ley de ‘Autoridad del Profesor y de la Convivencia en los centros educativos de La Rioja’ se estructura en 11 artículos, distribuidos en dos capítulos, y cuatro disposiciones.

En el primer capítulo se exponen, además del objeto y del ámbito de aplicación, los principios generales en los que se inspira esta norma.

La mencionada protección jurídica del profesor se regula, junto al régimen disciplinario, en el segundo capítulo de este anteproyecto de Ley. Así, además de como autoridad pública, los profesores riojanos, gozarán de presunción de veracidad en el expediente administrativo de un posible proceso disciplinario.

Por su parte, para los padres o responsables legales del alumno se establece el deber de colaboración.

Infracciones, sanciones y medidas educativas

Los centros, según se regula en el proyecto de Ley, deberán garantizar la convivencia escolar con su normativa de organización y funcionamiento. Así, en los planes de convivencia de los centros se considerarán como infracciones aquellas conductas de los alumnos que supongan una vulneración de las normas de convivencia.

Estas conductas se podrán calificar de ‘contrarias’ o ‘gravemente perjudiciales’ para la convivencia. En el texto se detallan algunas más graves como el acoso, las amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa; la suplantación de personalidad en actos docentes y la falsificación o sustracción de documentos académicos; la introducción en el centro de objetos o sustancias peligrosas, así como la grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier soporte, de agresiones, conductas inapropiadas contra cualquier persona. Como contrarias, se especifican otras conductas como las faltas injustificadas de asistencia a clase; los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor o los compañeros; el deterioro de las instalaciones o recursos materiales del centro, así como otras más sensibles como las agresiones físicas o morales, la falta de respeto a la integridad personal, la discriminación y las ofensas o vejaciones.

En función de la gravedad, se aplicarán medidas educativas de corrección o se impondrán sanciones que podrán suponer desde el cambio de grupo o clase, la suspensión del derecho de la asistencia a clase y a participar en actividades extraescolares o la realización de tareas, hasta el cambio o expulsión del centro.

NOTA DE PRENSA DE ANPE-RIOJA

EL PROYECTO DE AUTORIDAD DOCENTE EN LA RIOJA SÓLO QUEDA EMPAÑADO POR EL ANUNCIO DEL DURO RECORTE DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL PROFESORADO.

El Consejo de Gobierno de la C.A.R. ha presentado en el día de hoy el Proyecto de Ley de Autoridad Docente, reivindicación largamente solicitada y trabajada por ANPE-RIOJA, en sintonía con nuestra organización a nivel nacional, ya que desde Mayo de 2006 estamos demandando el reconocimiento del profesorado como autoridad pública, petición que en el ámbito de la C.A.R. concretamos mediante petición escrita dirigida con fecha 19 de Enero de 2010 a las instituciones públicas autonómicas y partidos políticos representados en el Parlamento de La Rioja, con los cuales nos entrevistamos en tal sentido.

Por ello, la presentación del Proyecto viene a satisfacer una de nuestras principales reivindicaciones, que se culminarán el día en que la Ley entre en vigor tras su aprobación parlamentaria. Recientemente, el pasado día 5 de este mes presentamos los resultados del Servicio del “Defensor del Profesor” de ANPE-RIOJA, poniendo de manifiesto la necesidad de protección y defensa del Profesorado, así como el reconocimiento social de la función docente.

De esta forma nos satisface que el Proyecto de Ley reconozca la consideración de autoridad pública a todos los profesores, tanto sean de centros públicos como privado-concertados, en el ejercicio de su función, tanto sea en el interior de los Centros, como en el exterior, con ocasión de las actividades complementarias y extraescolares, así como en el transporte escolar ordinario o con ocasión de la realización de dichas actividades. Igualmente, que se reconozca la presunción de veracidad a los hechos constatados por los profesores cuando se formalicen por escrito, así como el deber de colaboración con los centros por parte de los padres e instituciones públicas en relación a garantizar la convivencia en los centros educativos.

Asimismo queda reflejado en la Ley el régimen disciplinario de los centros, en cuanto a infracciones, sanciones y medidas educativas, graduación de la culpa, responsabilidad y reparación de los daños causados a los centros o a los integrantes de la comunidad educativa, aspectos que, aunque ya contemplados en el Decreto 4/2009 de Convivencia en los centros docentes, se les da cobertura jurídica mediante la protección de la Ley que se apruebe.

En cuanto a los aspectos que no contempla y que en su día demandamos que se incluyeran en la Ley, se encuentra la necesidad de asistencia psicológica y jurídica inmediatas a los profesores que sufren conflictos en sus centros, así como una adecuada cobertura de póliza de responsabilidad civil, que mejore la existente en la actualidad.

No obstante a la valoración positiva del Proyecto de Ley hoy presentado, en cuyo art. 4.d) se garantiza el “apoyo por parte de la Administración Educativa que velará para que el trato recibido por el profesorado sea conforme a la importancia social de la función docente que desempeña”, denunciamos el anuncio del duro recorte de derechos económicos y sociales en la Mesa General de la Educación, en cuanto a la supresión, suspensión o reducción de derechos que hasta ahora gozaban los funcionarios públicos de la CAR y, en concreto, el profesorado, por lo que su anuncio plasmado en estos días y hecho coincidir sorprendentemente con el Proyecto de Ley de Autoridad Docente, contradice una de las garantías de la función docente como es el apoyo de la Administración conforme a la importancia social de la función docente.

Logroño, a 8 de Octubre de 2010.

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