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DEFENSORA DEL PUEBLO RIOJANO. CONCLUSIONES DEFINITIVAS “El impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas” (sept. 2010)

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CONCLUSIONES DEFINITIVAS
“El impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas” (sept. 2010)
El impacto de la actual crisis económica ha tenido su reflejo en la actividad de las Defensorías del Pueblo a través de consultas, quejas y de actuaciones de oficio en las que se notan sus efectos en el ejercicio de los derechos y de las libertades constitucionales de las personas.
Ante esta situación, los Defensores y Defensoras del Pueblo, en estas XXV Jornadas de Coordinación hemos reflexionado sobre el impacto de la crisis económica en los derechos de las personas, y hemos extraído una serie de conclusiones que se han obtenido como suma de experiencia y de día a día en la protección y defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas.
El presente documento consta de 3 partes:
I. Síntomas: se trata de un apartado en que las Defensorías analizamos el perfil de las personas que acuden a nosotros así como loas materias consultadas u objeto de quejas.
II. Diagnóstico de la situación: que encierra una aproximación a la raíz de los principales problemas que se plantean en esta coyuntura económica.
III. Conclusiones: que reflejan las propuestas de las Defensorías a los poderes públicos ante la actual situación, para garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas.

SÍNTOMAS
Este apartado se subdivide en los siguientes:
• Perfil de las personas que acuden a las Defensorías.
• La crisis por materias consultadas u objeto de quejas.

A) Sobre el perfil de las personas que acuden a las Defensorías

En términos generales, las Defensorías coincidimos en que no hay un perfil concreto de afectados especialmente por la crisis, puesto que las consecuencias de la presente situación económica son tan variadas que, con mayor o menor intensidad, abarcan a colectivos diversos. El deterioro psicológico sería el común denominador de todos.
Si bien, sistemáticamente, podríamos englobar las personas que afectadas por la crisis acuden a nuestras Instituciones en los siguientes perfiles: personas desempleadas, trabajadores autónomos y titulares de pequeñas empresas, mujeres de mediana edad en paro y sin formación, usuarios de servicios sociales, personas y colectivos en situaciones de emergencia, población inmigrante, mayores y pensionistas y, recientemente, las personas empleadas en el sector público ante la aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010.
B) La crisis por materias consultadas u objeto de quejas

La crisis económica se ha notado también en las materias tratadas en las Defensorías. Por áreas temáticas podemos relacionarlas de la siguiente forma, citando en cada una de ellas las más significativas:
• Bienestar social: denegación y retraso en la percepción de ayudas económicas y asistenciales, insuficiencia presupuestaria para atender el incremento de la demanda, recortes en la financiación pública de las entidades sociales y asistenciales de carácter privado, prestaciones de renta mínima de inserción y prestaciones económicas de urgencia social, entre otras.
• Vivienda: necesidades de ayudas al alquiler, insuficiencia de VPO en régimen de alquiler, personas adjudicatarias de VPO a las que finalmente no se les concede el préstamo y se ven obligadas a renunciar con la consiguiente penalización, retrasos en el cobro de la renta básica de emancipación, situaciones extremas y desesperadas ante desahucios y embargos, conflictos con los bancos y cajas, etcétera.
• Trabajo: quiebra de empresas, la mayoría relacionadas directa o indirectamente con el sector de la construcción (impago de salarios y horas extras, mostrando su disconformidad con el despido laboral), procedimiento de aprobación de los ERE, falta de ayudas públicas para las personas trabajadoras en régimen de autónomos “en paro” y personas desempleadas de colectivos especialmente desfavorecidos (por razón de edad, formación, etc.), dificultades económicas de pequeñas empresas y personal autónomo (impagos a la Seguridad Social y a la AEAT), filas de espera en las Oficinas de los Servicios Públicos Estatal de Empleo y los Autonómicos, deficiencias en la información facilitada sobre las prestaciones, cursos de formación, ayudas de autoempleo, entre otras.
• Seguridad Social: discrepancia con el escaso incremento de la pensión reconocida, disconformidad con la denegación del subsidio por desempleo, cómputo de periodos de cotización, retrasos en la devolución de ingresos indebidos y reclamaciones de prestaciones indebidas por parte del INSS, entre otras.
• Administraciones públicas: paralización o reducción de la oferta pública de empleo e incremento del número de personas opositoras, recortes presupuestarios y deficiente gestión de los planes de formación y empleo,
morosidad de las administraciones públicas en los pagos a las empresas contratadas lo cual dificulta la supervivencia de muchos profesionales, como los autónomos y las pequeñas empresas (entre otras).
• Justicia: retrasos en la tramitación de los procesos judiciales relacionados directa o indirectamente con la crisis (reclamaciones de cantidad, desahucios, juicios concursales, etcétera).
SÍNTOMAS
Una de las principales consecuencias de la crisis económica ha sido el incremento del desempleo derivado del cierre de las empresas y de la paralización de la actividad económica. El desempleo figura como el primer problema de la población española, ante una tasa que supera el 20% de la población activa. Esta situación ha provocado que muchas personas se vena en la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas con las entidades financieras, agravándose, en particular, en relación con los créditos hipotecarios suscritos para la adquisición de su vivienda. El desempleo incide en el descenso del consumo, lo que a su vez afecta a la actividad económica obligando a cerrar a un gran número de empresas, lo que acaba generando un círculo vicioso.
El aumento del desempleo y la destrucción de puestos de trabajo implican también un incremento del número de personas que requieren la intervención pública, con el consiguiente aumento del gasto público.
El déficit público, debido al aumento del gasto social y al descenso de los ingresos del Estado derivado de la menor actividad económica, conlleva el riesgo de recortes en las partidas presupuestarias destinadas a las políticas públicas que caracterizan el modelo del Estado del bienestar social: sanidad pública, educación, rentas básicas de asuntos sociales, prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y viudedad, y recursos destinados tanto a la investigación y a la tecnología, como a la inversión pública y el fomento de la inversión privada (programas de I+D+i).
A esto se une el siempre presente riesgo de descoordinación entre distintas administraciones Públicas, lo que, además de redundar perjudicialmente en la gestión de los servicios prestados, implica un incremento del gasto público. Las personas tienen derecho a una buena gestión de sus impuestos y a que el gasto público redunde en una mejora de los servicios recibidos.
De acuerdo con todo lo expuesto, las Instituciones Defensoriales, como garantes de los derechos y libertades constitucionales de las personas, creemos oportuno abordar la cuestión desde una aproximación realista que no dé la espalda al contexto en que nos encontramos, conscientes de la tensión entre el aumento de las demandas sociales y la limitación de los recursos públicos para atenderlas. De esta manera, pretendemos dar nuestra visión sobre la actuación que los poderes públicos a los que supervisamos, han de emprender para tratar el problema en búsqueda de soluciones.
CONCLUSIONES
Ante esta situación económica y social, los Defensores del Pueblo podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. Nuestra razón de ser como Defensorías del Pueblo conlleva la convicción que solo desde una decidida razón reguladora del mercado por parte de los poderes públicos, así como de su supervisión, con el fin de garantizar los derechos de las personas y promover los principios del Estado Social.
2. La crisis económica no puede traducirse en una merma de los derechos del Estado Social. Los poderes públicos deben garantizar el impulso de la sanidad, la educación, protección al desempleo y los servicios sociales, especialmente a favor de las personas que padecen un mayor riesgo de olvido o exclusión social. Las dotaciones de partidas presupuestarias deber ser suficientes para los distintos programas sociales vinculados con los derechos, es fundamental priorizar distinguiendo las prestaciones esenciales de las accesorias.
3. La educación como instrumento excepcional para la igualdad de oportunidades y la equidad, requiere una atención específica de nuestros gobernantes y una supervisión muy activa de las Defensorías para evitar la pérdida y/o devaluación de las prestaciones educativas.
4. Las distintas Administraciones y sus órganos deben actuar de manera coordinada y deben generar confianza. Sería conveniente abrir un debate sobre el modelo del sector público, con el objetivo de tender hacia una Administración moderna, transparente, eficaz y que mejore los servicios que presta a las personas. La transparencia y claridad administrativa exigen que en materia de ayudas, dada la diversidad de los entes que las convocan, se implante un mecanismo centralizado de información de todas las convocatorias de ayudas existentes, para personas, familias y empresas y que la concesión de éstas sea fácil tanto en su tramitación como en su consecución.
5. Los poderes públicos deben garantizar la protección de las necesidades mínimas de las personas desempleadas, así como establecer programas de formación que permitan su rápida reinserción laboral. Las autoridades laborales deben someter a controles rigurosos la aprobación de los ERES para evitar que se conviertan en un instrumento de ejecución de despidos improcedentes.
6. La necesidad de ingresos públicos no pueden perjudicar los principios de justicia y progresividad del sistema tributario debiendo reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
7. Debe reforzarse la efectividad y extensión del derecho a la vivienda, con atención específica a colectivos con especial necesidad, y garantizando que el suelo cumpla su verdadera función social tutelada constitucionalmente. En los procesos de adjudicación de viviendas protegidas se debe garantizar la publicidad, concurrencia y transparencia, estableciendo un baremo basado en criterios objetivos y en cupos de colectivos preferentes. Asimismo, debe reforzarse la inspección de la Administración para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a los adquirientes o arrendatarios de viviendas protegidas y sancionar las conductas infractoras.
8. Debe procurarse un crecimiento racional de los núcleos urbanos, evitando procesos de segregación parcial vinculados a la marginalidad, y se debe favorecer la utilización de las viviendas ya construidas. En este sentido, los planes urbanísticos y de vivienda deberían priorizar la reutilización del parque de viviendas existente, favoreciendo la reforma interior, la conversión de viviendas libre no absorbidas por el mercado en viviendas protegidas, y muy especialmente, el alquiler de vivienda.
9. Debe mantenerse el acceso de las personas inmigrantes a los derechos sociales y a todos los servicios públicos universales evitando todo posible brote de xenofobia o racismo.
10. El recorte del gasto público no debe suponer una merma sustancial para el apoyo de aquellas asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro en épocas de crisis, que desarrollan actividades de interés social a favor de los colectivos más necesitados.
11. Dado que la Administración local es la más próxima a las personas que demandan diariamente de sus servicios públicos, urge adoptar un nuevo sistema de financiación municipal que permita a las entidades locales garantizar su actividad con cargo a sus presupuestos, huyendo de una financiación finalista.

REFLEXIÓN FINAL DE CIERRE DE DOCUMENTO: Los Defensores y Defensoras aquí presentes nos comprometemos a asumir y promover la difusión de los principios y objetivos de la Declaración de 2010 como Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social como vía de defensa y garantía de los derechos sociales.

29
Sep
2010
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