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GOBIERNO DE LA RIOJA. Acuerdos del Consejo de Gobierno

STVRioja Baja
El Gobierno de La Rioja, reunido hoy bajo la presidencia de Pedro Sanz Alonso, ha aprobado, entre otros, los siguientes:
Acuerdos

1-Consejería de Administraciones Públicas y Política Local
Interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
2-Consejería de Administraciones Públicas y Política Local
Actuaciones con relación a la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
ANEXO I
Resumen Jurídico

-Consejería de Administraciones Públicas y Política Local
El Gobierno de La Rioja acuerda interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el blindaje del concierto vasco

El Gobierno de La Rioja ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que modifica las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial y blinda las normas forales fiscales. Para ello, encomienda a la Dirección General de los Servicios Jurídicos la representación y defensa del Consejo de Gobierno en este recurso.

En concreto, el recurso de inconstitucionalidad se referirá a los preceptos de la Ley Orgánica 1/2010 que alteran el régimen procesal de las normas forales.

El Gobierno de La Rioja considera que la Ley Orgánica lesiona gravemente los intereses de la Comunidad Autónoma de La Rioja porque le priva de la posibilidad de impugnar las normas forales de carácter fiscal ante instancias judiciales españolas.

Además de desaparecer la posibilidad de recurrir estas normas ante los tribunales de lo contencioso, la nueva Ley Orgánica no prevé que las Comunidades y sus órganos colegiados ejecutivos y Asambleas puedan impugnar las normas forales ante el Tribunal Constitucional, dado que esta legitimación continúa limitada a las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley de Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.

Del mismo modo, con la nueva regulación queda descartada la posibilidad de presentar recurso por parte de las organizaciones empresariales, sindicatos o cualquier persona física o jurídica cuyos intereses resulten afectados por las normas forales fiscales.

El Gobierno de La Rioja entiende que la Ley Orgánica 1/2010 reduce sensiblemente sus posibilidades de reacción frente a normas forales de carácter fiscal que puedan resultar contrarias a sus intereses y afecta a la competencia reconocida en el artículo 8.1.4 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, “ordenación y planificación de la actividad económica, así como fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional”. El ejercicio de este artículo ha posibilitado hasta el momento la impugnación judicial de estas normas de carácter fiscal.

Para el Ejecutivo riojano, la Ley Orgánica es contraria a la Constitución puesto que impide al Tribunal Constitucional el control de las normas forales fiscales por la vía del recurso, ya que las Juntas Generales de los Territorios vascos no pueden dictar normas con rango de Ley. Por ello, el Ejecutivo riojano entiende que se vulneran los artículos 161.1.a) (“El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley”) y 163 de la Constitución (“Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la Ley, en ningún caso serán suspensivos”).

Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la nueva regulación lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, en su modalidad de acceso al proceso, puesto que se impide la impugnación de las normas forales a quienes hasta ahora podían hacerlo y priva de tutela judicial efectiva a quienes la tenían reconocida.
Consejero de Administraciones Públicas y Política Local
El Ejecutivo riojano solicita al Gobierno central que se suspendan los efectos de la Ley Orgánica 1/2010 hasta que se resuelva su impugnación


El Gobierno de La Rioja informará sobre la reforma de la Ley Orgánica a la Comisión Europea, ante la cual denunciará las medidas que se adopten en lo sucesivo y puedan ser contrarias al Derecho comunitario

El Gobierno de La Rioja ha acordado solicitar al Presidente del Gobierno de la Nación que adopte las iniciativas que considere pertinentes para que se suspendan los efectos de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo riojano.

Además, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria, informar a la Comisión Europea sobre la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2010 para que adopte las medidas que considere convenientes en el ámbito de su competencia, ya que ostenta la potestad exclusiva para examinar los incentivos fiscales vascos desde la perspectiva del Derecho comunitario.

Por último, el Gobierno de La Rioja ha autorizado a la Dirección General de los Servicios Jurídicos para que inicie las actuaciones necesarias para denunciar ante la Comisión Europea los incentivos fiscales que establezcan en lo sucesivo los Territorios Históricos del País Vasco y puedan ser contrarios al Derecho comunitario.
ANEXO I

Resumen Jurídico

En la década de los noventa las Instituciones forales pusieron en práctica una serie de incentivos destinados a beneficiar fiscalmente a empresas radicadas en el País Vasco. En concreto, eran la exención del Impuesto sobre Sociedades (IS) durante un periodo de diez ejercicios fiscales para empresas de nueva creación, el crédito fiscal del 45% de las inversiones y la reducción de la base imponible del IS.

La Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) consideró perjudiciales estos beneficios para sus intereses y emprendió, especialmente a partir de 1995, una serie de iniciativas tanto ante la Comisión Europea (denuncia de 1997 en el caso Ramondín, realizada por el Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz ) como ante los Tribunales españoles (interposición de recursos contencioso-administrativos), y Tribunales comunitarios (apoyo a la Comisión Europea en diferentes procedimientos judiciales). En estas iniciativas, la Comunidad Autónoma de La Rioja fue secundada por organizaciones empresariales y sindicales del ámbito autonómico.

El saldo de esos litigios es el siguiente:

1.- Sentencias que rechazan que la C AR carezca de legitimación activa para impugnar Normas Forales en las que se establecen beneficios fiscales:

El Tribunal Supremo (TS) se pronunció en ese sentido en sentencia de 31 de octubre de 2000, y en otras posteriores de 22 de noviembre de 2001, 26 de julio de 2003 y 17 de noviembre de 2004. El TS reconoce abiertamente la legitimación de la CAR para recurrir Normas Forales tributarias, en ejercicio de sus competencias estatutarias.

2.- Sentencias que consideran contrarios a Derecho beneficios fiscales concedidos en Normas Forales o en otras normas jurídicas:

A) El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI) dictó sentencia de 6 de marzo de 2002 en el denominado asunto Ramondín, (iniciado a raíz de la denuncia de La Rioja) considerando ayudas de Estado incompatibles con el mercado común, determinados beneficios fiscales (crédito fiscal y reducción de base imponible) concedidos por Álava a Ramondín. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) confirmó esa decisión en sentencia de 11 de noviembre de 2004.

B) Igualmente el TPI dictó sentencias (tres) de 9 de septiembre de 2009, en las que desde una perspectiva general considera contrarios al Derecho comunitario los beneficios fiscales consistentes en la reducción de la base imponible del IS, el crédito fiscal del 45 % de las inversiones y la exención del IS durante 10 años.

C) Esos tres beneficios también han sido declarados nulos por los Tribunales españoles:

a) El TSJPV dictó sentencia de 28 de junio de 2002, en la que anula el artículo 14 de las Normas 11/93 de Guipúzcoa, 5/93 de Vizcaya y 18/1993 de Álava.

El artículo 14 establecía unas vacaciones fiscales (exención) para empresas de nueva creación durante un periodo de 10 ejercicios fiscales. El TS confirmó aquella sentencia en otra posterior de 24 de junio de 2008.

b) Las sentencias del TSJPV de 30 de septiembre de 1999, 7 de octubre de 1999 y 2 de noviembre de 2004, anulan el articulo 26 de la Norma de Guipúzcoa 7/96, Norma de Álava 24/96 y Norma 3/96 de Vizcaya, relativas todas ellas al IS.

El artículo 26 establecía que las sociedades que iniciasen su actividad empresarial a partir de la entrada en vigor de esas Normas gozarían de una reducción de un 99, 75, 50 y 25 por 100, respectivamente, de la base imponible positiva derivada del ejercicio de sus explotaciones económicas.

El TS en sentencias de 3 de noviembre de 2004 y 9 de diciembre de 2004, ratifica la nulidad de ese beneficio fiscal. Esta última amplía incluso la nulidad a otros preceptos de las Normas reguladoras del IS, siendo especialmente relevante la nulidad del tipo general del 32,5%.

c) El TSJPV en sentencia de 20 de enero de 2003 anula la disposición transitoria de la Norma Foral 33/97 de Álava.

Esta disposición aplicaba el beneficio consistente en un crédito fiscal del 45% respecto de procesos de inversión que excedieran de 2.500 millones de pesetas.

Del mismo modo, la sentencia del TS de 17 de noviembre de 2004, además de reconocer la legitimación activa de la CAR para impugnar Normas Forales, anula la disposición adicional 10ª de la Norma Foral 7/1997 de Guipúzcoa.

Esa disposición establecía un crédito fiscal consistente en una reducción del 45% de la cuota a pagar del impuesto personal, calculado sobre las inversiones en activos fijos materiales nuevos que excedieran de 2.500 millones de pesetas.

D) Además de esas sentencias relativas a los beneficios fiscales citados (exención, reducción base y crédito) se han dictado otras que han dado la razón a La Rioja en ciertos aspectos puntuales:

a) El TSJPV dictó sentencia de 14 de enero de 2008 en la que se anula la disposición adicional 10ª y final 2ª de la Norma Foral 2/2005 de Vizcaya. Ambas disposiciones pretendieron aplicar la normativa anulada en sentencia del TS de 9 de diciembre de 2004 a periodos impositivos devengados y no liquidados.

b) Igualmente la sentencia del TSJPV de 22 de diciembre de 2008 anula en parte el Decreto Foral 32/2005 de Guipúzcoa y su Norma de Convalidación. El TSJPV considera que la Diputación Foral hizo un mal uso del Decreto Foral como instrumento normativo de urgencia. Entre otros aspectos el TSJPV anula el tipo general del 32,5%.

c) Finalmente, el Tribunal Constitucional español en sentencia de 25 de abril de 2002 declaró la inconstitucionalidad de la disposición adicional 8ª de la Ley estatal 42/1994 en la que se introdujo la posibilidad de que las empresas residentes en la Unión Europea, y no residentes en España, que operasen en territorios forales fueran compensadas económicamente por el Estado con lo que hubieran debido de tributar de menos si hubieran podido sujetar a la Normativa Tributaria Foral. El TC consideró que esa norma era contraria a principios constitucionales tales como los de igualdad, libertad de empresa, residencia y circulación.



23
Feb
2010
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